Este régimen, implementado en marzo de este año, establece beneficios para la incorporación de obras no declaradas, para viviendas de Uso Residencial: Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar hasta dos unidades funcionales; de Uso No Residencial / Mixto; Equipamiento Colectivo (Deportivo); Social (educativo, salud, cultural, bienestar social y religioso); Servicios a la Producción (depósito tipo 1 y 2); Industria (industrias y talleres de hasta 150 m²) y Hospedajes y Cabañas (incluyendo los rubros Hospedaje con capacidad hasta veinte (20) pasajeros, Hospedaje con capacidad mayor a veinte (20) pasajeros y Cabañas". Este último rubro fue incorporado en la ordenanza que se sancionó este jueves.

A partir de la gran adhesión que hubo en la primera parte del año (se registraron más de 13 mil metros cuadrados), el Ejecutivo Local prorrogó el régimen por 180 días y solicitó modificar los alcances y los planes de pago, para lo cual elevó los proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante, que lo aprobó por unanimidad en la última sesión.

Desde la Agencia de Ingresos Municipales (AGIM) explicaron que los propietarios de construcciones sin permiso municipal que deseen declarar su incorporación deberán presentar la documentación exigida por el Código de Edificación vigente y por el Plan de Ordenamiento Territorial.

La liquidación del monto del Derecho de Construcción debe ser gestionada por el profesional actuante a través de los canales habituales de comunicación con la Dirección de Obras Privadas del Municipio.

Para viviendas cuya obra sea de interés social, viviendas unifamiliares, multifamiliares hasta 2 viviendas o 1 vivienda y un local/depósito, y Social, los derechos de construcción y los recargos se podrán abonar hasta en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con una eximición del 50% en el interés de financiación vigente.

En el resto de los casos (Equipamiento Colectivo, Servicios a la producción, Industria y Hospedajes) los montos también se podrán pagar en hasta 12 cuotas iguales mensuales, con una eximición del 30% en el interés de financiación vigente.