Por Ignacio Bianchini - Secretario de FECEABA.

Me voy a referir a los anuncios que hizo el vocero presidencial Juan Manuel Adorni, impulsado por el Ejecutivo Nacional sobre las cooperativas.

En primer lugar: informar que el padrón de cooperativas no tiene a grandes rasgos muchas irregularidades. Pueden existir cooperativas que no han realizado asambleas y quizás puede ser que haya algunas que estén creadas bajo esa personería jurídica y de verdad no lo sean en realidad, ya sea por cuestiones comerciales o políticas. Eso de ninguna manera significa que todas las cooperativas están funcionando de manera ilegal.

Por otro lado, el anuncio de la suspensión de la operatoria, (impedir que trabajen todas las cooperativas que fueron creadas entre el 2020 y el 2022), solo porque fueron creadas bajo un gobierno de color político diferente, nos parece algo absolutamente fascista y que nos retrotrae a las suspensiones masivas de cooperativas de la última dictadura militar.

Además, el anuncio de inspeccionar a unas 4000 y pico de cooperativas creadas en 2023, es una potestad que tiene el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, (INAES) que lo hizo siempre independientemente del color político gobernante. Con respecto al retiro de la operatoria a más de 11,000 cooperativas porque hayan sido suspendidas antes del 2019, por algún incumplimiento, no justifica que la gran mayoría de ellas no hayan tenido ninguna irregularidad excepto no haber realizado asambleas en tiempo informa, y por lo tanto vuelto a autorizar en los últimos años, motivo por el cual fueron levantadas sus suspensiones.

Por otro lado, que las cooperativas sean autorizadas no quiere decir que el Estado nacional las esté subsidiando. Muy por el contrario, el 75% de todo el padrón de cooperativas de la República Argentina no tiene ningún subsidio ni del Estado nacional, ni del estado provincial, ni del municipal.

Con respecto a los datos de las cooperativas creadas en los últimos cuatro o cinco, años es muy común utilizar un solo domicilio para cooperativas que no tienen sede fija, por ejemplo, la cooperativa de albañiles suele tomar la dirección del municipio de donde son oriundas. Si bien es algo no deseado, y que hay que modificar, la falta de asambleas y de presentación de balances suele ir de la mano de dos causas: 1) la falta de dinero para pagar los honorarios y gastos derivados de su confección a los contadores y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dado que los balances para este año tienen un costo de mas de $ 200,000, y 2) el desconocimiento de la importancia de realizar los mismos balances año tras año.

En ningún lugar la ley 20337 de cooperativas se prohíbe que una persona esté asociada a dos o más cooperativas, debido a ello lo señalado por el vocero mas que una irregularidad es una falacia.

Otro punto y para redondear estas palabras, es el que se refiere, nuevamente faltando a la realidad, a los supuestos 34 millones de dólares que dicen darle a esas 300 cooperativas, y que significan algo así como u$s 100,000 por cooperativa por año. Hacemos un càlculo: si se lo divide por 12 meses resulta ser entre u$s 8.000 o u$s 9.000 para cada una por mes. Si se lo compara con lo que se recibe como subvención en una de nuestras escuelas cooperativas, que en este mes fueron aproximadamente 13 millones de pesos -o sea u$s 13.000 aproximadamente-, siguiendo ese razonamiento, estaríamos en condiciones de también tener una escuela cooperativa suspendida como fuente de trabajo... solo por tener un subsidio, que por otro lado es del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

No creo que esto sea lo que queramos ni lo que nos merecemos.

Lamentablemente hay un sesgo político negativo en el gobierno actual y un odio terrible hacia la clase trabajadora, y en particular hacia la educación pública.

De la cual formamos parte, por supuesto como toda organización escolar. Ojalá se den cuentan que la casta no somos nosotros.