En una decisión unánime, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó una nueva ordenanza destinada a enfrentar una problemática que se ha hecho evidente en la ciudad: el abandono de inmuebles que representan un riesgo para la seguridad, la salud pública y el desarrollo urbano.

El proyecto, impulsado por la Comisión de Obras Públicas y Urbanización que preside el ingeniero Mario Civalleri, establece la obligatoriedad de cerrar adecuadamente todos los edificios en estado de abandono dentro del ejido urbano, con el fin de prevenir su deterioro, evitar ocupaciones ilegales y desalentar actividades delictivas.

¿Qué se considera un inmueble en abandono?

La normativa define como tales a aquellos edificios que:

• Presenten signos visibles de deterioro o falta de mantenimiento;
• Estén deshabitados por más de seis meses;
• Se encuentren en construcción o finalizados, pero en condiciones que impliquen riesgo para terceros o posibilidades de ser intrusados o vandalizados.

¿Qué cerramientos exige la ordenanza?

Los propietarios deberán instalar:

• Cercas de al menos 2 metros de altura, hechas con materiales resistentes;
• Accesos cerrados y seguros;
• Otras medidas físicas aprobadas por la Municipalidad;
• Y garantizar el mantenimiento regular de estos elementos.

Plazos y sanciones

Una vez intimados por la Municipalidad, los propietarios tendrán 90 días para realizar el cerramiento. El plazo podrá ajustarse según cada caso.

En caso de incumplimiento, se aplicarán:

• Multas equivalentes a dos sueldos municipales (categoría 4);
• Y, si persiste la falta, la Municipalidad podrá intervenir de oficio, realizar el cerramiento y cargar los costos al propietario, además de duplicar la multa.

Excepciones y continuidad legal

Se prevén excepciones solo en casos justificados por razones de interés público o proyectos urbanos aprobados. Además, el traspaso de propiedad no exime de la obligación: los nuevos dueños deberán asumirla y dejar constancia legal en la escritura.

Participación ciudadana

Como herramienta clave de control comunitario, se creará un canal anónimo de denuncias, a cargo de la Secretaría de Gobierno, que también será la Autoridad de Aplicación de la norma.