A partir del veto firmado por el Presidente Javier Milei en el Decreto N° 782 del corriente año, el concejal Martínez consideró: "es de una falta de empatía total pretender que el peso del ajuste que está llevando adelante este gobierno recaiga en su mayoría sobre los ingresos de nuestros jubilados, esto no lo digo yo, fue aclarado por el Ministro de Economía que al mostrar los componentes del ajuste, el principal es el achicamiento en el gasto en jubilaciones". En ese sentido puso de relieve que "el presidente declaró que si se compara en dólares los ingresos están volando, sin contar lo descabellado que suena para cualquier persona que conozca un jubilado, no tiene en cuenta que el aumento del costo de vida expresado en los alimentos, medicamentos, luz, gas y todo lo que consumimos en general se ha encarecido muchísimo más medido en dólares". Por otro lado ponderó la nueva fórmula jubilatoria propuesta por ambas cámaras de representantes que "al combinar inflación, con el IPC, y aumento de salarios, con el RIPTE, la nueva fórmula se adapta mejor a lo sucedido recientemente, teniendo una mayor recomposición de ingresos y que reconozca las grandes caídas que tuvieron a partir de diciembre, a diferencia de lo aprobado en la Ley Ómnibus que, al proponer atar las jubilaciones a la inflación a partir de abril, congela la pérdida que tuvieron en enero y febrero".

Dicho proyecto mantiene en sus considerandos una serie de argumentos que fueron sostenidos en ambas cámaras de legisladores nacionales para realizar la reforma jubilatoria que mejore los ingresos del sector. Entre ellos se encuentran la situación de los ingresos de los jubilados "aun considerando los bonos otorgados, la caída real de los haberes jubilatorios alcanza un 16%" el cual expresa que el ajuste fiscal realizado "implica una carga desproporcionada sobre los jubilados, que ya han soportado el 27% del ajuste fiscal llevado adelante por el actual gobierno". A su vez contrasta que la reforma aprobada por el Congreso "incluía un incremento del 8,1% en las jubilaciones, un ajuste necesario para corregir la caída del poder adquisitivo que sufren los jubilados" a partir de "la combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), lo cual garantizaba una actualización más precisa y equitativa de los ingresos de los jubilados, protegiendo su poder adquisitivo frente a la inflación", a diferencia de lo que rige actualmente a partir de la Ley Ómnibus "que establece una actualización por inflación a partir de abril de 2024 con un 10% de recomposición, no incluye la inflación de enero y febrero, lo que implica una significativa pérdida de ingresos".

Como conclusión el edil retomó su rol como funcionario público: "Me tocó como Jefe de la UDAI de ANSES conocer de primera mano a muchos de nuestros jubilados, empatizar con sus problemas y entender sus preocupaciones, no considero otra posición que el rechazo al veto de Milei porque muestra una insensibilidad total, no puede ser que el gobierno trate a las personas como si fueran números en una planilla de cálculo donde se decide que un sector que ha dejado su vida trabajando y construyendo este país sea el principal aportante del recorte de gastos".