La resolución reglamenta el decreto 1018/2024, firmado en noviembre pasado, que dispuso la eliminación del programa al considerarlo una "pesada carga" para las cuentas públicas y aludiendo a supuestas irregularidades en su ejecución. Entre los argumentos, se citan fallas de fiscalización, demoras en la entrega de viviendas, condiciones habitacionales deficientes y una gestión "ni transparente, ni ágil, ni eficaz", según una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El Ministerio de Economía argumentó que la construcción de viviendas es responsabilidad de la banca comercial, por lo que no corresponde que el Estado intervenga directamente en esa actividad. En consecuencia, la operatoria de los créditos ya otorgados será asumida por el Banco Hipotecario bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original firmado en 2012.

A partir de ahora, las cobranzas de las cuotas se transferirán a una cuenta específica del Tesoro Nacional, previa deducción de gastos operativos del banco. También se habilita la venta de carteras de créditos con baja cobrabilidad -aquellas con rendimiento inferior al 40%- y se instruye al banco para avanzar en esa dirección.

Los bienes del fondo, tanto muebles como inmuebles, quedarán bajo administración del Ministerio de Economía, que también podrá transferir viviendas a provincias, municipios o instituciones públicas. En el caso de los inmuebles no afectados a obras activas, pasarán a ser gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Respecto a los créditos vigentes, desde el Gobierno aseguran que se mantendrán sin modificaciones en las condiciones pactadas inicialmente. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los beneficiarios del programa, que ven con incertidumbre el rol que asumirá ahora un actor privado en la gestión de un derecho que durante años tuvo respaldo estatal.

Además, las causas judiciales relacionadas al Procrear serán atendidas por la unidad jurídica del Ministerio de Economía, que absorberá todas las responsabilidades legales que pudieran derivarse del proceso de liquidación.

El cierre de Procrear se enmarca en la Ley N° 27.742 de emergencia pública, que habilita al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios para reducir el gasto y achicar la estructura del Estado. Se trata de un nuevo capítulo en el plan de reforma profunda del gobierno de Milei, que apunta a redefinir el papel del Estado en políticas sociales históricas.